El documento de 29 páginas que, al final, se ha quedado en apenas diez, y cuyo contenido adelantó LA RAZÓN, ha provocado en el PP y los nacionalistas estupor y, en algún caso, incluso, hasta indignación. «No puede ser más vago, estéril y errático para salvar a la Sanidad de la grave situación en la que está sumida», se oía ayer en las filas de la oposición. El rechazo suscitado es tal, que los populares, CiU y, posiblemente, el PNV tienen previsto formular hoy un voto particular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de mostrar su desacuerdo con el documento -avanza este diario. Lo harán en el seno de la Subcomisión creada para fraguar el texto bajo la presidencia de Gaspar Llamazares.

Según este diario, el documento está repleto de propuestas vagas como la de «incrementar la inversión, de forma que se asegure la suficiencia financiera»; la de considerar al Ministerio de Sanidad «como garante de la equidad básica», o la de «establecer los canales de coordinación necesarios entre dos de los pilares del Estado de Bienestar, el sistema sanitario y el sistema de apoyo social».
Sin embargo, el texto propuesto por Llamazares a instancias del Gobierno encierra algunas «bombas de relojería» que la oposición no está dispuesta a respaldar. Se trata, por ejemplo, de la propuesta de incrementar la financiación sanitaria por la vía de una subida encubierta de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco; la de incrementar el copago de los medicamentos y, especialmente, la intención de suprimir Muface, obligando con ello a 1,2 millones de funcionarios y a sus familias a recibir asistencia sanitaria exclusivamente en el sistema público. (...)

(LA RAZÓN, 30-09-2010, pág. 56 de la edición impresa)

Desde los Sindicatos Médicos de la CESM, que ya presentamos nuestras propuestas al Ministerio el año pasado, lamentamos también que se haya dejado pasar otra oportunidad para establecer unos criterios mínimos de RR. HH. aplicables a todas las CC.AA. Pero el Ministerio de Sanidad y el propio Gobierno de España vuelven a hacer dejación de sus funciones, porque nadie se atreve a tocar las "competencias" de las CC.AA.  aunque las Leyes vigentes lo amparan e incluso lo ordenan.