El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo día 23 de abril a cinco altos cargos y excargos de tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez: Sanidad, Industria y Hacienda, en calidad de investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores sanitarios al tardar una semana –desde que se tuvo la confirmación– en retirar de los hospitales las mascarillas Garry Galaxy (modelo N95), que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus y que no cumplían los mínimos sanitarios exigidos de filtrado y no evitaban los contagios.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos presentó una querella en el Tribunal Supremo el 27 de abril de 2020 contra el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa. En ella, se le atribuía al exministro un delito contra los derechos de los trabajadores “por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (...) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución”.
En diciembre de 2020, el Supremo inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias querellas y denuncias a los juzgados de instrucción de Madrid.
Según fuentes de Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió al juez tras dar la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y estimar su recurso, ordenándole reabrir la investigación que archivó. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal. En aquel auto, al que tuvo acceso EP, ordenaron al juzgado que dirigiese oficios al Instituto de Salud Carlos ll y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) “a fin de que se expida certificación de resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxy FFP2 N95” que fueron “adquiridas por el Ministerio de Sanidad”.
También ordenaron al juzgado que dirigiera oficio al Ministerio de Sanidad para que aportase los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el día 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.
El juzgado así lo hizo y ahora celebrará una batería de interrogatorios para continuar con la investigación. Entre ellos se encuentran la exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020.