Informamos que con fecha de hoy, 13 de mayo, se publicará en la página web del Salud, 2 resoluciones y calificaciones provisionales de las oposiciones de las especialidades de Medicina Física y Rehabilitación y Endocrinología y Nutrición.

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La Audiencia Nacional, en una sentencia promovida por la demanda de CEMSATSE, por vulneración de derechos fundamentales, considera que la obligación del Ministerio de Sanidad de reunir al “Ámbito de Negociación” al menos una vez al año es exigible pese a la derogación de la Ley 9/87, de Órganos de Representación del Personal al servicio de las AA.PP. (LORAP), por dos razones:

-  Porque la Ley 55/2003, del Estatuto Marco impone esta obligación no por remisión en bloque a la LORAP, sino que la reproduce para sí en uno de sus artículos, dejándola por ello a salvo de la derogación de la LORAP.

 - Porque el artículo 2.3 de la LEBEP señala que el personal estatutario se regirá por su normativa específica, lo que refuerza la tesis de que las previsiones contenidas en el artículo 11.4 de la Ley del Estatuto Marco, están vigentes, incluida la obligación del Ministerio de Sanidad y Política Social de convocar al “Ámbito de Negociación” al menos una vez al año.

Pero la conclusión de los servicios jurídicos de CESM (JurisCESM) y SATSE va todavía más allá: "la respuesta que ofrece la Audiencia Nacional aclara definitivamente que las Mesas Sectoriales de Sanidad de las CCAA tienen plena vigencia y no dependen para su creación del acuerdo de otras mesas de negociación autonómicas, habida cuenta que la Ley del Estatuto Marco reconoce estas mesas no por remisión a la LORAP –derogada tras la entrada en vigor de la LEBEP-, sino expresamente, en concreto en su artículo 79 que lleva por rúbrica genérica “Mesas Sectoriales de Negociación”.

Esta sentencia, y sus repercusiones en los ámbitos de representación, llegan en un momento especialmente crucial para los empleados de la Sanidad Aragonesa, ya que la futura "Ley de la Función Pública Aragonesa" pretende precisamente que las Mesas Sectoriales dependan de otras mesas de negociación autonómicas, en un claro intento de la administración y los sindicatos de clase de evitar la presencia en las negociaciones de los sindicatos sectoriales (sanidad, educación, justicia), por más que su representación fuera la mayoritaria en el sector, como es nuestro caso.