El anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal que acaba de presentar el Ministerio de Justicia, conseguirá que a los médicos estatutarios les sea prácticamente imposible defenderse de los múltiples atropellos e incumplimientos a los que les somete con frecuencia la Administración. Los profesionales de la medicina ya teníamos más complicado hacer viables nuestros derechos desde que la ley del Estatuto Marco (2003) sustituyó la vía de lo Social por la Contencioso-Administrativa, cara, complicada e inoperante por su lentitud, pues cuando se pronuncia la sentencia, el problema dilucidado a menudo ya no tiene arreglo.

Por un lado, se establece un aumento de las cuantías mínimas en litigio para poder recurrir en caso de no estar de acuerdo con la sentencia en primera instancia. Dichas cuantías pasan de los 18.000 euros fijados actualmente a los 50.000 si se apela a los tribunales superiores de justicia (TSJ), y se amplían desde 150.000 a la desorbitada cifra de 800.000 euros en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Dado que la entidad económica de la mayoría de los casos médicos en los juzgados no llegan a la primera cuantía (no digamos a la segunda), eso significa que en la práctica no podremos recurrir la decisión que adopte el juez que nos toque en el primer reparto de diligencias judiciales.

Por otra parte, el anteproyecto contiene la novedad lesiva para el médico de que se le impondrán costas siempre que se pierda el juicio (hasta ahora esta cláusula penalizadora sólo tenía vigencia en los supuestos de “mala fe”, que por ser difíciles de probar, casi nunca se aplicaban en la práctica judicial). Lo anterior viene, para colmo, a sumarse a la voltereta introducida en el concepto de “silencio administrativo”, que a partir de ahora significa que se deniegan las intenciones del reclamante

El objetivo del sindicato consiste en volver al procedimiento de lo Social, que es el que sirve tradicionalmente de cauce a las reclamaciones laborales. Ahora, inmediatamente, reuniéndonos con los grupos parlamentarios que votarán este Proyecto, para que sepan de qué se trata; en el futuro, recurriendo la Ley en todas las instancias posibles, porque esta ley es un agravio comparativo y, en la práctica, produce una indefensión para el médico