La CESM se ha reunido hoy con el PP para asegurarse el voto en contra de, al menos, parte del grupo popular en Estrasburgo.

Según ha podido saber la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Parlamento europeo decidirá antes de fin año (concretamente en el mes de diciembre) si se extiende la jornada laboral de los facultativos hasta las 65 horas semanales, tal como acordaron los ministros de Trabajo y Bienestar Social de la UE el pasado 11 de junio.

Desde entonces, la profesión europea en su conjunto se ha manifestado en contra de una medida que califica de “insólita”, cuando no de “decimonónica”, y se ha fijado como objetivo asegurarse de que la iniciativa no prospere cuando sea debatida en Estrasburgo.

Es en esta estrategia coordinada a nivel europeo donde cabe enmarcar la reunión que han tenido hoy representantes de la CESM con el Partido Popular español en la sede nacional de esta formación.

El secretario general de esta organización, Patricio Martínez, acompañado del vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados y secretario de Relaciones Institucionales del sindicato español, Carlos Amaya, han transmitido a una amplia representación del PP (formada por Ana Pastor, coordinadora de de asuntos sociosanitarios; Julio Sánchez Fierro, secretario de participación ciudadana; José Ignacio Echániz, diputado en el Congreso y ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Mario Mingo, portavoz de Sanidad en el Congreso; y Juan Naranjo, portavoz en la comisión de Empleo y de Asuntos Sociales de la Eurocámara) su “profunda preocupación” ante la eventualidad de que la iniciativa de la UE se ratifique y los facultativos se vean obligados a maratonianas jornadas de trabajo sin parangón en ningún otro segmento profesional.

El fin que persigue la CESM española y el resto de la organizaciones europeas que se oponen a ello es asegurarse de que al menos una parte significativa de los europarlamentarios adscritos al grupo popular, que no en vano es el mayoritario en Estrasburgo, votarán en contra de la propuesta de Bruselas.

De hecho, puede asegurarse que la clave para conseguir los 393 que asegurarían el veto radica en la decisión que adopten los miembros de esta formación de centro-derecha del Parlamento europeo, toda vez que es muy previsible que buena parte de los pertenecientes al segundo grupo más mayoritario, el socialista (excepción hecha de los laboristas británicos, que en esto, al parecer, también pueden ir por libre), levantarán la papeleta del no. De ahí que la CESM intente ganar para su causa, y la del resto de la profesión europea, a los europarlamentarios populares españoles.

La impresión que han obtenido los dirigentes del sindicato tras el encuentro de hoy es que en el PP hay una “clara sensibilidad” hacia esta cuestión, hasta el punto de comprometerse a que sus eurodiputados no apoyen el cambio de regulación, lo cual, comenta Patricio Martínez, “es muy de agradecer, sobre todo si se tiene en cuenta que seguramente están expuestos a las presiones de otros correligionarios europeos y de aquellos países que, como Gran Bretaña o Alemania, están interesados más en que se apruebe”.