El Gobierno de Aragón ha preparado un anteproyecto de Ley que fue presentada a los representantes de los trabajadores el día 24 de noviembre, permitiéndonos presentar alegaciones sólo hasta el 1 de diciembre. No se ha permitido participar en ningún momento en los borradores de la misma, ni se nos ha dado a conocer con tiempo suficiente para su análisis profundo.

El anteproyecto de Ley recoge en un único artículo el procedimiento de integración y establece que:

2. “La incorporación al Servicio Aragonés de Salud del personal procedente del Consorcio con contrato laboral de duración indefinida se realizará con la condición de “a extinguir”, y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las correspondientes pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, o, en su caso, en la Ley 7/2007, del estatuto Básico del Empleado Público.

3. El personal laboral temporal que en la fecha de cese de actividad se encuentre prestando servicios en los centros del Consorcio, continuará prestando dichos servicios sin solución de continuidad en los mismos centros, en la modalidad de personal funcionario, laboral o estatutario temporal que corresponda, en función del nombramiento o contrato laboral de origen y de las relaciones de puestos de trabajo o plantillas que se establezcan para dichos puestos. “

Para explicar de forma clara cuál es nuestra postura es conveniente recordar que dentro del Consorcio hay dos grandes grupos de trabajadores, los fijos y los temporales.

1. Los fijos en su día superaron un proceso selectivo convocado respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo público.  En este grupo los hay que se presentaron a la oposición convocada por el Ayuntamiento de Jaca y los que se presentaron a la oposición convocada por el propio Consorcio, en ambos casos, con convocatorias publicadas en BOA y con un proceso selectivo de oposición.

Por tanto, respecto a este grupo de trabajadores la integración debe ser directamente en la condición de estatutarios fijos. Sin embargo, con la redacción de la Ley se les expropia de su condición de empleados públicos legalmente adquirida, y se les condena a una plaza a “extinguir” sin ninguna garantía de que no vaya a ser amortizada en cualquier momento.

¿Por qué los políticos van a decidir que la oposición que en su día superaron, ahora ya no sirve para nada?

2. Hay otro grupo, el de los temporales que a su vez se dividen en indefinidos e interinos. Los trabajadores interinos de forma mayoritaria accedieron a sus interinidades a través de la Bolsa de empleo del Salud. Los indefinidos lo hicieron con otro tipo de procedimiento selectivo.

Respecto a estos trabajadores su integración deberá realizarse como se ha hecho hasta ahora en todos los procesos de integración que se han realizado en esta Comunidad Autónoma, es decir, manteniendo la modalidad de temporal. Sin embargo, en este caso y  sin que se hayan presentado a ningún proceso selectivo la Ley propuesta permite permanecer a perpetuidad en estos puestos.

¿A quién se quiere beneficiar con esta Ley?

Consideramos insultante y una provocación que sea precisamente ahora, en mitad de las oposiciones para el acceso a plazas del Servicio Aragonés de Salud, cuando en las Cortes de Aragón, con el beneplácito de los grupos parlamentarios se apruebe una Ley que puede calificarse como la Ley de la puerta de atrás.

Además se engaña a los propios trabajadores del Consorcio porque el anteproyecto de Ley ni siquiera garantiza la estabilidad de los trabajadores del CSAR, ni de los fijos ni de los temporales, porque con la redacción dada en la misma, pueden mantenerse en sus puestos a perpetuidad o bien, resultar amortizadas sus plazas en cualquier momento.

En este punto también queremos ser muy claros: exigimos el mantenimiento de todas las plazas y que no se amortice ninguna de ellas.

Con la presentación de ésta Ley lo único que va a conseguir el Gobierno de Aragón y las Cortes, si lo aprueban, es que se judicialice todo el proceso creando una inseguridad jurídica en los trabajadores del Consorcio y además soliviantar, tanto a los trabajadores del CASAR como a los del Salud, porque se conculcan derechos de unos y otros.