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Por la trascendencia que puede tener para el futuro del Hospital turolense y de las guardias médicas, especialmente las troncales, la Asesoría Jurídica de este Sindicato ha realizado un análisis de la reciente Sentencia del T.S.J.A.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no soluciona nada en la práctica sino que, por el contrario, cronifica una situación enrarecida, existente desde hace años en Teruel. Estima el recurso del Salud en base a un tecnicismo formal, pero no resuelve el fondo del problema. Como sentencia judicial que es, no podemos sino respetarla y acatarla. Pero la situación de desigualdad profunda entre los especialistas del Área Médica del Hospital “Obispo Polanco” no solo continúa en la actualidad, sino que se ha agravado. Los motivos por los que se ha eximido a determinados facultativos de realizar guardias médicas concurren de idéntica forma en el resto, como ya apreció la sentencia del juzgado de Teruel que, en su fondo, no ha sido rebatida. En definitiva, la desigualdad y el trato de favor para algunos permanece y eso no es bueno para nadie, y menos para quien tiene la responsabilidad de dirigir el Centro.
Es dramático para la población turolense que, en caso de tener un problema cardiológico (infartos, anginas de pecho, etc.), no disponga de ningún especialista en cardiología de guardia en el Sector Sanitario de Teruel (el cual comprende la capital de provincia y un extenso territorio anejo) y que ni siquiera haya nadie obligatoriamente localizado para cubrir la asistencia cardiológica, en ningún momento y en ningún día de la semana.
Si alguien acude a urgencias del Hospital Obispo Polanco con un infarto podrá ser atendido por un neumólogo, neurólogo o por un especialista en medicina interna. Nunca por un cardiólogo. Y lo anterior es una excepción en los hospitales generales de Aragón.
La situación de desasosiego e inseguridad profesional que siente un médico especialista en medicina interna, neurología, neumología, etc. cuando se ve obligado a atender pacientes con dolencias cardiológicas (muchas veces con riesgo vital) durante las guardias que le son impuestas es tan intensa o mayor que la que puede padecer un especialista en cardiología cuando se ve obligado en una guardia a atender, por ejemplo, un problema neumológico. No se entiende que unos deban obligatoriamente atender dolencias de otra especialidad y que facultativos dentro de una misma área asistencial queden exentos. Y si la exención es legal y los motivos invocados son de tal peso que han sido aceptados por la Gerencia, es lógico que también sean apreciados respecto del resto de los facultativos que los invoquen, salvo que se produzca un auténtico agravio injustificable.
No parece razonable que ante la crónica falta de médicos especialistas existentes en Teruel la Administración potencie criterios discriminatorios que sólo conducen a que los pocos facultativos de plantilla presentes en el Centro hospitalario quieran abandonarlo, viéndose obligados a plantearse su traslado a otro centro aragonés o, como ya ha sucedido y por este mismo motivo, fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues, evidentemente, sólo están contentos quienes han sido favorecidos por la decisión de la Administración (eximirles de las guardias) y en este caso no son la mayoría.
No estamos ante un problema judicial, o, mejor dicho, susceptible de ser solucionado sólo a través de una sentencia (este sindicato ha sido absolutamente respetuoso mientras el asunto se encontraba “sub iudice” y ha preferido guardar silencio). Pero lo que no cabe sostener son posturas que, a la postre, sólo perjudican a la asistencia sanitaria y al derecho de los asegurados a recibir la atención más cualificada en un hospital general con unos adecuados parámetros de calidad.
Teruel precisa –necesita imperiosamente- hacer atractivo su hospital para que los facultativos de nuevo acceso, o que deseen trasladarse, se puedan plantear pedir ese destino y no entenderlo como un castigo o un paso transitorio obligado. Situaciones como la que nos ocupa sólo consiguen “espantar” al personal facultativo y poner en duda la objetividad de las decisiones de los Gerentes hospitalarios, que nunca deberían ser cuestionadas y menos en temas que afectan tan intensamente a los profesionales.
Hay que solucionar la situación por el bien de los turolenses.
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